El gobierno italiano aprobó el miércoles 31 de octubre de 2012 una ley que estipula la reducción del número de provincias a mitad. Esta medida intenta reducir el alto coste de las administraciones regionales. No está claro todavía los ahorros que resultarán, pero lo que está claro es que con la implementación de este plan, los problemas de ineficiencia y altos costes van a estar abordados.
El objetivo de esta medida viene en un momento crítico de la economía italiana, donde la deuda llega a 126% del PIB, junto con una percepción general de administraciones locales ineficientes y costosas. Desde un punto de vista económico y administrativo, es un plan lógico y necesario.
El problema con este plan es la reacción de los ciudadanos locales de las provincias que se van a ajuntar con otras provincias, y las consecuencias directas a su representación y participación en los gobiernos locales. La división original de territorio a 86 provincias debería haber sido basado a temas relacionas a eficiencia en ofrecer servicios, a divisiones étnicas-culturales, representación y participación óptima de los ciudadanos en sus entornos, o cualquier otro parámetro que justificaba esta división. Suponiendo que es una división cultural, donde los habitantes de una provincia disfrutan un patrimonio cultural en particular y lo promueven a través los programas e incitativas fundados, por parte, de sus impuestos, ¿cómo van a reaccionar con la decisión de una fusión con otra provincia vecina?
Esta siempre bien reformar la administración pública y corregir las malas decisiones tomadas en gobiernos anteriores, y un cierto nivel de sacrificio en tiempos de crisis está también entendido, pero creo que el gobierno central debe tomar en cuenta los ciudadanos de estas provincias y el impacto que la ley va a tener en su entendimiento a su papel, partenencia y poder, en su entrono.
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