Una de estas es el Private Finance
Initiative (PFI) que es una medida introducida en Gran Bretaña en
1992 con el objetivo de incrementar la participación e
involucramiento del sector privado en la prestación de los servicios
públicos. Esencialmente, la idea fue encontrar capital privado para
financiar los proyectos de infraestructura pública, donde ambos
sectores trabajan juntos para compartir sus puntos fuertes y sus
experiencias. Este concepto está siendo seguido por varios gobiernos
y agencias internacionales como el Banco Mundial. Bajo este
instrumento, los servicios son contratados por el sector privado,
mientras que el sector publico conserva un papel importante en los
proyectos, bien por comprar los servicios prestados o habilitar los
proyectos. En este caso, el sector privado diseña, construye,
financia y opera las instalaciones a base de especificaciones
decididas por el sector público. En este caso, el sector público no
es el propietario de la instalación, pero paga el contratista del
PFI con compromiso de pago de los ingresos por el uso de las
instalaciones durante el periodo del contrato. Cuando se
termina la duración del contrato, la instalación será propiedad
del sector público o privado según las condiciones del contrato.
Este instrumento de financiación de proyectos públicos tiene una
serie de ventajas, como incrementar la participación en proyectos de
prestación de servicios públicos de calidad, estimular las nuevas
ideas, innovar e identificar nuevas áreas de actividad donde el
sector privado puede compartir su experiencia y recursos (Allen,
2003). El PFI fue una manera para financiar muchos proyectos en el
sector público como hospitales, carreteras, cárceles, edificios,
cuarteles militares y centros de salud, unos de ellos ejecutados con
éxito y otros sin éxito causando una división entre quien apoya el
PFI y quien está opuesto de este modelo de financiación1.
Debajo
del PFI hay tres tipos de proyectos: proyectos autónomos, joint
ventures y servicios vendidos al sector público. En los proyectos
autónomos, el sector privado hace el proyecto a base de que todo el
coste será recuperado por las tarifas de uso de los usuarios o
clientes finales. El gobierno en este caso puede contribuir al valor
del proyecto en respecto de planificación general y especificación
de procedimientos. En los joint ventures, el sector público y
privado contribuyen pero el sector privado mantiene un control
exhaustivo. Los requerimientos de los joint ventures son: los socios
privados deben ser elegidos a través de una competición, el control
del proyecto debe estar en las manos del sector privado, la
contribución del gobierno debe ser limitada y bien definida y la
asignación del riesgo y el tema de los intereses y riesgos debe ser
acordada con el rendimiento sujeto a riesgo. La contribución del
gobierno será en la forma de préstamos en condiciones favorables,
la equidad, la transferencia de los activos existentes, obras
auxiliares, planificación y especificación de procedimientos. Con
respecto a los proyectos de servicios, son prestados desde el sector
privado al sector público especialmente cuando una parte importante
del coste es gasto de capital (Allen, 2001).
Desde
el punto de vista fiscal, los costes y préstamos debajo de los
proyectos financiados a través de PFI no están incluidos en el
gasto público, como el sector privado (o el contratista) arregla el
tema de financiación. Esto es conocido como ‘off-balance sheet’
como la financiación del proyecto no está reconocida en el balance
del sector público. Así, el PFI ayuda el gobierno a superar el
dilema fiscal, incrementando las inversiones públicas a través
mayor gasto de capital mientras se mantiene una política fiscal
estricta (Allen, 2003).
Un contratista privado financia o asume los gastos para la
construcción de un proyecto, mientras que los contribuyentes
(ciudadanos que pagan impuestos) le garantizan un ingreso
/extenderse/ durante toda la vida del activo. La inversión de
capital del presente se convierte en un gasto en el futuro,
ofreciendo a los gobiernos la contabilidad creativa diseñada para
ocultar sus compromisos de gasto. En particular, el periodo de gasto
puede ser oscurecido. Si un proyecto, como una red de carreteras, es
financiado públicamente, los costos de construcción se contabilizan
como gasto público a medida que ocurren, y si fuera financiado por
el sector privada, los costes se añaden al año de gasto público
más tarde, cuando la red se ha completado y el gobierno entonces
empieza a pagar años después.
La
ventaja de esta medida es que el riesgo es totalmente asumido por el
sector privado sin una garantía del los ciudadanos (quien pagan los
impuestos) de cualquier perdida. Además, la contribución del sector
privado a un sector, por ejemplo el transporte, no significa que va a
reemplazar totalmente el gasto público en este sector, pero
significa reducir el gasto total con la financiación privada. Sin
embargo, esta medida tiene una desventaja importante en relación con
la transparencia en la contabilidad y en la indicación del desempeño
del gobierno en tema de finanzas y como gestiona la economía.
Este
mecanismo significa que la deuda pública se incrementa en una manera
incremental y poco transparente para el público, como, en las
palabras de Nick Clegg en las elecciones de 2010 " el PFI es
una contabilidad dudosa - una forma en que el gobierno puede
pretender que no está prestando cuando lo son, y todos estaremos
pagando la cuenta en 30 años" (Guardian, 2012). Según el
artículo publicado en el The Guardian en 2012, el coste de
repago del PFI va a costar los contribuyentes £10.1bn en 2017-18.
Unos ejemplos citados en el mismo artículo es que el coste de
reconstruir el Hospital Royal Calderdale en Yorkshire es £64.6m,
pero en realidad se va a costar £773.2m. El coste de construir el
hospital en Walsgrave se elevará de £379m a un £4bn en el momento
en que el contrato se termine. Así, los contribuyentes en el
presente pueden disfrutar de los proyectos y servicios que los
contribuyentes futuros van a pagar, sin saber nada de los costes
públicos de las inversiones como no están incluidos en la deuda.
Sin
embargo, la transparencia sí que es un tema que está ganado interés
de los gobiernos utilizando este mecanismo. Desde el punto de vista
de transparencia, las auditorías al nivel gubernamental (que se
llevan a cabo por la Oficina Nacional de Auditoría) y al nivel del
sector privado, ayudan en hacer los proyectos y deudas más
transparentes, como los resultados se publican en informes anuales o
en estados financieros. Por otro lado, la nueva Financiación Privada
2 (PF2) incluirá novedades en que cada proyecto de financiación
privada tendrá que publicar sus resultados financieros cada año y
el Tesoro publicará un total acumulado de los pasivos acumulados
financieras privadas contribuyentes - para aliviar la preocupación
de que estas obligaciones se están convirtiendo en inaccesibles
(BBC, 2012).
Para
concluir, el PFI es una buena medida para ayudar los gobiernos a
mantener una estabilidad presupuestaria
y respetar las normas europeas en relación con las cuentas
nacionales. El problema de transparencia y claridad, donde los
contribuyentes no están bien informados sobre las desudas que si que
asumen para el futuro es el problema principal que enfrenta el PFI.
Tal como he expuesto antes, unos gobiernos sí que están intentando
abordar este tema para que sea la colaboración con el sector privado
más transparente y eficiente.
Referencias
Allen,
G. (2003), The Private Finance
Initiative, research paper 03/79,
Economic Policy and Statistics Section, House of Commons Library
Allen,
G. (2001), The Private Finance
Initiative, research paper 01/117,
Economic Policy and Statistics Section, House of Commons Library
Campbell, D., Ball, J. y Rogers, S. (2012), PFI
will ultimately cost £300bn, The
Guardian, accessible en
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/jul/05/pfi-cost-300bn
Peston,
R. (2012), PFI becomes less private,
BBC, accessible en:
http://www.bbc.co.uk/news/business-20588870
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