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The Private Finance Initiative

   
  La crisis financiera mundial reciente, y europea en particular, ha subrayado la importancia y necesidad de asegurar políticas económicas y monetarias bien controladas para evitar desequilibrios económicos y sus consecuencias evidentes en países como Grecia e Irlanda. Los países miembros de la Unión Europea han apoyado el Tratado constitutivo de la Unión Europea (TUE), cuyo artículo número 104 trató el tema del déficit excesivo por en los Estados y especificó normas básicas relativas a los criterios para conseguir una estabilidad presupuestaria y los instrumentos para su control. Por ello, los Estado miembros están siguiendo las normativas del Tratado, que especifica que la proporción entre producto PIB y déficit público no supere un valor del 3% y que la proporción entre deuda pública y PIB no rebase el valor del 60% para que sean consideradas en equilibrio presupuestario. En este contexto, el reglamento 2223/96 del Consejo relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales (SEC-95), aborda el tema de la contabilidad pública, estableciendo los criterios para computar las distintas operaciones como endeudamiento de una Administración o no. De importancia del SEC-95 es la distinción y especificación de la naturaleza de las entidades encargadas con proyectos públicos, por un lado las entidades de naturaleza de mercado cuyos gastos no entran en el endeudamiento público, y por otro lado las de naturaleza pública cuyos gastos sí que entran. Por esto, y para respetar la regla europea de equilibrio presupuestario, se han ideado unos mecanismos o modelos para llevar a cabo proyectos públicos pero sin incluir los costes en la deuda pública.

      Una de estas es el Private Finance Initiative (PFI) que es una medida introducida en Gran Bretaña en 1992 con el objetivo de incrementar la participación e involucramiento del sector privado en la prestación de los servicios públicos. Esencialmente, la idea fue encontrar capital privado para financiar los proyectos de infraestructura pública, donde ambos sectores trabajan juntos para compartir sus puntos fuertes y sus experiencias. Este concepto está siendo seguido por varios gobiernos y agencias internacionales como el Banco Mundial. Bajo este instrumento, los servicios son contratados por el sector privado, mientras que el sector publico conserva un papel importante en los proyectos, bien por comprar los servicios prestados o habilitar los proyectos. En este caso, el sector privado diseña, construye, financia y opera las instalaciones a base de especificaciones decididas por el sector público. En este caso, el sector público no es el propietario de la instalación, pero paga el contratista del PFI con compromiso de pago de los ingresos por el uso de las instalaciones durante el periodo del contrato. Cuando se termina la duración del contrato, la instalación será propiedad del sector público o privado según las condiciones del contrato. Este instrumento de financiación de proyectos públicos tiene una serie de ventajas, como incrementar la participación en proyectos de prestación de servicios públicos de calidad, estimular las nuevas ideas, innovar e identificar nuevas áreas de actividad donde el sector privado puede compartir su experiencia y recursos (Allen, 2003). El PFI fue una manera para financiar muchos proyectos en el sector público como hospitales, carreteras, cárceles, edificios, cuarteles militares y centros de salud, unos de ellos ejecutados con éxito y otros sin éxito causando una división entre quien apoya el PFI y quien está opuesto de este modelo de financiación1.

     Debajo del PFI hay tres tipos de proyectos: proyectos autónomos, joint ventures y servicios vendidos al sector público. En los proyectos autónomos, el sector privado hace el proyecto a base de que todo el coste será recuperado por las tarifas de uso de los usuarios o clientes finales. El gobierno en este caso puede contribuir al valor del proyecto en respecto de planificación general y especificación de procedimientos. En los joint ventures, el sector público y privado contribuyen pero el sector privado mantiene un control exhaustivo. Los requerimientos de los joint ventures son: los socios privados deben ser elegidos a través de una competición, el control del proyecto debe estar en las manos del sector privado, la contribución del gobierno debe ser limitada y bien definida y la asignación del riesgo y el tema de los intereses y riesgos debe ser acordada con el rendimiento sujeto a riesgo. La contribución del gobierno será en la forma de préstamos en condiciones favorables, la equidad, la transferencia de los activos existentes, obras auxiliares, planificación y especificación de procedimientos. Con respecto a los proyectos de servicios, son prestados desde el sector privado al sector público especialmente cuando una parte importante del coste es gasto de capital (Allen, 2001).
     
      Desde el punto de vista fiscal, los costes y préstamos debajo de los proyectos financiados a través de PFI no están incluidos en el gasto público, como el sector privado (o el contratista) arregla el tema de financiación. Esto es conocido como ‘off-balance sheet’ como la financiación del proyecto no está reconocida en el balance del sector público. Así, el PFI ayuda el gobierno a superar el dilema fiscal, incrementando las inversiones públicas a través mayor gasto de capital mientras se mantiene una política fiscal estricta (Allen, 2003).

     Un contratista privado financia o asume los gastos para la construcción de un proyecto, mientras que los contribuyentes (ciudadanos que pagan impuestos) le garantizan un ingreso /extenderse/ durante toda la vida del activo. La inversión de capital del presente se convierte en un gasto en el futuro, ofreciendo a los gobiernos la contabilidad creativa diseñada para ocultar sus compromisos de gasto. En particular, el periodo de gasto puede ser oscurecido. Si un proyecto, como una red de carreteras, es financiado públicamente, los costos de construcción se contabilizan como gasto público a medida que ocurren, y si fuera financiado por el sector privada, los costes se añaden al año de gasto público más tarde, cuando la red se ha completado y el gobierno entonces empieza a pagar años después.

      La ventaja de esta medida es que el riesgo es totalmente asumido por el sector privado sin una garantía del los ciudadanos (quien pagan los impuestos) de cualquier perdida. Además, la contribución del sector privado a un sector, por ejemplo el transporte, no significa que va a reemplazar totalmente el gasto público en este sector, pero significa reducir el gasto total con la financiación privada. Sin embargo, esta medida tiene una desventaja importante en relación con la transparencia en la contabilidad y en la indicación del desempeño del gobierno en tema de finanzas y como gestiona la economía.

      Este mecanismo significa que la deuda pública se incrementa en una manera incremental y poco transparente para el público, como, en las palabras de Nick Clegg en las elecciones de 2010 " el PFI es una contabilidad dudosa - una forma en que el gobierno puede pretender que no está prestando cuando lo son, y todos estaremos pagando la cuenta en 30 años" (Guardian, 2012). Según el artículo publicado en el The Guardian en 2012, el coste de repago del PFI va a costar los contribuyentes £10.1bn en 2017-18. Unos ejemplos citados en el mismo artículo es que el coste de reconstruir el Hospital Royal Calderdale en Yorkshire es £64.6m, pero en realidad se va a costar £773.2m. El coste de construir el hospital en Walsgrave se elevará de £379m a un £4bn en el momento en que el contrato se termine. Así, los contribuyentes en el presente pueden disfrutar de los proyectos y servicios que los contribuyentes futuros van a pagar, sin saber nada de los costes públicos de las inversiones como no están incluidos en la deuda.

Sin embargo, la transparencia sí que es un tema que está ganado interés de los gobiernos utilizando este mecanismo. Desde el punto de vista de transparencia, las auditorías al nivel gubernamental (que se llevan a cabo por la Oficina Nacional de Auditoría) y al nivel del sector privado, ayudan en hacer los proyectos y deudas más transparentes, como los resultados se publican en informes anuales o en estados financieros. Por otro lado, la nueva Financiación Privada 2 (PF2) incluirá novedades en que cada proyecto de financiación privada tendrá que publicar sus resultados financieros cada año y el Tesoro publicará un total acumulado de los pasivos acumulados financieras privadas contribuyentes - para aliviar la preocupación de que estas obligaciones se están convirtiendo en inaccesibles (BBC, 2012).

      Para concluir, el PFI es una buena medida para ayudar los gobiernos a mantener una estabilidad presupuestaria y respetar las normas europeas en relación con las cuentas nacionales. El problema de transparencia y claridad, donde los contribuyentes no están bien informados sobre las desudas que si que asumen para el futuro es el problema principal que enfrenta el PFI. Tal como he expuesto antes, unos gobiernos sí que están intentando abordar este tema para que sea la colaboración con el sector privado más transparente y eficiente.


Referencias
Allen, G. (2003), The Private Finance Initiative, research paper 03/79, Economic Policy and Statistics Section, House of Commons Library

Allen, G. (2001), The Private Finance Initiative, research paper 01/117, Economic Policy and Statistics Section, House of Commons Library
Campbell, D., Ball, J. y Rogers, S. (2012), PFI will ultimately cost £300bn, The Guardian, accessible en http://www.guardian.co.uk/politics/2012/jul/05/pfi-cost-300bn
Peston, R. (2012), PFI becomes less private, BBC, accessible en: http://www.bbc.co.uk/news/business-20588870


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