El fuerte
deterioro en las finanzas públicas en la Unión Europea desde que
estalló la crisis financiera, combinada con una tendencia al aumento
de la ratio deuda-PIB en muchos países, ha dejado las finanzas
públicas en mal estado. Sean los países más afectados como Grecia,
Irlanda, Portugal y España o los otros países con un efecto menos
áspero, la crisis hizo hincapié la necesidad de reformas
financieras. Las tendencias recientes llevó a una mejora sustancial
y necesaria de las instituciones fiscales, en particular destinadas a
hacer frente a los riesgos de peligro moral dentro de la zona del
euro. Nuevas leyes, directrices y medidas fueron tomados para
afrontar este problema, con una revisión con el sistema financiero y
presupuestario y de contabilidad para asegurar una mejora gestión
financiera en los países europeos.
Por esto, el
gobierno de España decidió abordar su crisis financiera con una
reforma fiscal manifestada en la Ley Orgánica de Estabilidad
Financiera y Sostenibilidad Presupuestaria. La Ley cumple el mandato
del articulo 135 de la constitución española, y servirá como la
base económica y legal para las políticas presupuestaras de todas
las administraciones publicas. Su objetivo es asegurar la
sostenibilidad presupuestara en todas las administraciones publicas y
lograr más rigor en la implementación del prepuesto y control del
presupuesto de las administraciones publicas, respetando las demandas
de las regulaciones de la UE y el pacto fiscal europeo. ƒ
Esta
reforma fiscal intenta: garantizar la sostenibilidad del prepuesto de
todas las administraciones publicas, fortalecer la confianza en la
estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de
España en la UE. Los principios de Ley son estabilidad;
plurianualidad; transparencia; eficiencia en la utilización de los
recursos públicos; sostenibilidad financiera; responsabilidad y
lealtad institucional son unos medios para alcanzar tal objetivo.
ƒ
De
importancia es el tema de la deuda publica como un criterio pata la
sostenibilidad presupuestaria, donde todas las administraciones deben
presentar un presupuesto positivo sin un déficit estructural, solo
en casos excepcionales como recesiones, temas de emergencia,
catástrofes naturales etc. De importancia también es la condición
de que los gastos de las administraciones no pueden superar
la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
En el caso de no cumplimiento, la administración en cuestión va a
afrontar unas mediadas correctivas y coercitivas. Estas medidas, se
fueron seguidas estrictamente por las administraciones, ayudarán a
elevar el problema económica en el país. Según un estudio por el
Instituto Elcano, se espera con estas medidas que la tasa de
crecimiento llegará a 2%, y con esto el él ratio de deuda se
reducirá anualmente por un mínimo de 2 puntos del PIB, y el déficit
estructural se reducirá a un medio de 0.8% de PIB nacional cada año.
Sin
embrago, un tema de interés especial es el tema de control ejercido
por el gobierno central al proceso presupuestario de las comunidades
autónomas. Según el articulo 15.1 de la Ley, en el primer semestre
de cada año, el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad
presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación
de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales, y el objetivo de deuda pública,
tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada
uno de sus sub-sectores. La fijación de los objetivos viene tras un
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas y previo informe del Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de
la Comisión Nacional de Administración Local. Además, esta informe
debe ser aprobado por las Cortes Generales. A base de estas
“directrices y pautas” las administraciones publicas deben
diseñar sus presupuestos, donde la Ley asegura poner medidas
preventivas, correctivas y coercitivas para asegurar el respeto de
estas pautas.
Aún
el plan tiene mucho sentido desde el punto de vista financiera, donde
el gobierno español está cumpliendo las recomendaciones y opiniones
emitidas por las instituciones de la Unión Europea sobre el
Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de
mecanismos de supervisan europea (articulo 15.4), la Ley puede
insinuar un tipo de re-centralización de decisiones y limitación
de autonomía. Para ser más directa y concreta, los objetivos
generales que deben ser respetados y seguidos (con penalización en
caso de incumplimiento) son una reflexión de una política
financiera europea (alemana-francesa para ser más precisos) que un
entendimiento de las realidades económicas, sociales y culturales
dentro del país. Especificar una regla general para todas las
comunidades locales, sin distinguir las variaciones en sus
situaciones, sus aspiraciones y sus limitaciones, puede ser un acto
de coerción. La exageración del cumplimiento de las reglas de las
deudas y déficits que no superan 60% y 3% del PIB – teniendo en
cuenta que uno países europeos más partidarios de esta regla como
Francia no cumplieron unas veces con esta regla- pueden someter la
economía española a más presión. En vez que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones actué como un delator donde elevará al
Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el grado de
cumplimiento en el ejercicio corriente, coherente con la información
que se remita a la Comisión Europea de acuerdo con la normativa
europea, una comunicación más directa y más bottom up entre las
administraciones y su gobierno pudiera reflejar una descentralización
verdadera y una solidaridad nacional más fuerte. España, aun un
país importante en el UE, no se debe colocar a las leyes y
regulaciones acordadas en Bruselas por encima de los deseos, las
realidades y limitaciones de su propio pueblo y de las
administraciones.
Insisto,
creo que la Ley lleva directrices muy importantes y necesarios para
salvar la economía española y para garantizar un buen planificación
económica, sea la nivel local o estatal. Los principios presupuestos
y la rigidez en actuación pueden tener un buen resultado, pero
pueden también dañar economías locales que simplemente no
encuadran con la visión europea sobre como debe ser la economía. Es
utópico - y unas veces realista – que unos países funcionan bajo
una regla única y común en respeto a las financias, donde los
sistemas y las condiciones son semejantes y permiten esta
uniformidad. El caso de España es diferente, y Ley debería reflejar
este variación de realidad.
La verdad es que sin las medidas correctivas o coercitivas, la aplicación efectiva de la Ley de estabilidad será difícil. Las arcas locales están en números rojos y muchas con altos remanentes de tesorería negativos. Eso por no hablar de las "facturas del cajón". Un saludo
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