Comunicación Externa

   

La comunicación interna y externa de las administraciones públicas es de alta importancia para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia de prestar los servicios. Sea por la coordinación interna del trabajo, que pavear el camino para más innovación y cooperación entre los empleados, o por la interacción con los usuarios/público, cuyos inputs, opiniones y observaciones contribuyen al desarrollo de la institución, la comunicación es un ámbito que debe ser considerado cuando se habla de las reformas del trabajo público.

      Tal como Talavera (en Pastor, 2001: 255) nota «la organización no puede sobrevivir como un ente aislado de lo que le rodea ya que en función de ese entorno, que produce unas exigencias, definirá su misión, políticas y objetivos, estableciendo con él una interacción continua». Por esto, las organizaciones no solamente deben establecer un buen mecanismo de comunicación interno, sino también un mecanismo de comunicar con el público y con los otros departamentos e instituciones públicas. La experiencia de varias entidades administraciones y ayuntamientos en establecer esta link con los ciudadanos, a través de emplear varios instrumentos de comunicación externa sirven como un modelo para seguir. 

Aún existen muchos ayuntamientos cuyas iniciativas pueden dar luz a que es la comunicación externa efectiva, este artículo va a estudiar un sistema de comunicación de la Oficina de Ombudsman Jordana (defensor público). Esta oficina fue establecida con el propósito de comunicar con los ciudadanos (especialmente en Amman) para estudiar sus opiniones sobre servicios públicos prestados, sugerencias y quejas. Como el país está reformado su administración pública, y las entidades e instituciones están mejorando su contacto con la población, la oficina sirve como una puente entre las administraciones (en Amman) y los ciudadanos. Por esto, se va a analizar la comunicación de la oficina desde dos perspectivas: por un lado, los instrumentos de comunicación dispuestos para contactar con el público y por los medios para contactar con las otras instituciones.

        

La Oficina de Ombudsman Jordana

La oficina es una institución pública  supervisora independiente, establecida en 2009, que recibe principalmente las reclamaciones relacionadas con la administración pública o sus empleados e intenta solucionarlas. Las quejas incluyen las decisiones, procedimientos, actividades o acciones de la administración pública y sus empleados, al lado de presentar recomendaciones y sugerencias para simplificar los procedimientos.  El tipo de información que se ofrece es jurídico-formal (como explica las normativas relacionadas con presentar quejas, proceso de informar el primer ministerio, decisiones judiciales etc.) y también participativa (como intenta saber la opinión del publico sobre el funcionamiento de las instituciones).

I. La herramienta de comunicación e información de la oficina de Ombudsman

Tal como Pastor (2001: 256) menciona, “la comunicación es un instrumento para la transmisión del cambio o modernización organizacional y está relacionada con el modelo de calidad”. Como el objetivo de establecer de esta oficina es contribuir a la reforma de la administración pública y hace un cambio en la cultura del trabajo publicó, la comunicación con la población es clave. El instrumento básico es la página web. Examinado la página web de la oficina se observa las siguientes características:

• Claridad y facilidad de navegación: la información de la oficina, los departamentos, los procedimientos y el marco legal son claros y manejables, utilizando idioma fácil y directo que apela a la mayoría de la población.
• Descripción exacta de los procedimientos de presentar las quejas, sea por cómo rellenar el informe, como presentarlo, el departamento responsable de revisarlo, los pasos para presentarlo a la institución pública relevante, el mecanismo de contestar, cambios realizados y razones detrás rechazar las quejas.
• Las historias de éxito de la oficina en la gestión de las quejas están presentadas con claridad.
• A pesar de que la página web intenta comunicar bien con la población y establecer una vía de contacto permanente, especialmente como su objetivo es escuchar las quejas de los usuarios de los servicios públicos, lo siguiente puede obstruir la efectividad de la comunicación:

1. Las reclamaciones que se presentan deben ser presentadas personalmente o por correo, sin la opción de mandarlas por correo electrónico. El hecho de que un departamento “moderno” en una administración intentando reformarse y digitalizarse no puede aceptar quejas por correo electrónico sirve como brecha de conectar y comunicar con los usuarios.
2. La página web no tiene un buzón para sugerencias ni quejas dirigidas a la oficina misma.
3. Los reportes que se preparan cada año para subirlo al primer ministerio no es publicado, lo que resulta en que la información sobre el trabajo de la oficia y las quejas y demandas de la gente es confidencial.
4. Las historias de “éxito” son claras pero vagas, donde no se explica muy bien el procedimiento exacto y las etapas seguidas para responder a las quejas.
5. No hay ningún espacio donde la población pueden comunicar entre ellos vía esta página web en relación con una cierta queja, como esto puede ayudar tanto empleados y usuarios a comprender la magnitud de una cierta queja o sugerencia.
6. No hay una identidad corporativa semejante a la identidad corporativa de las otras instituciones públicas. Sean los colores, las líneas, el estilo o la forma, la oficina no parece una institución pública jordana.
7. La comunidad extranjera grande en Amman también merece participar en esta interacción entre la administración pública  y los servicios que reciben, y la opción de tener la información en inglés será útil.
8. Como es un tipo de información participativa, sería útil si hubiera un enlace para las encuestas, donde los ciudadanos están invitados a informar la oficina con su opinión. Tampoco hay alguna actividad de participación colectiva donde se puede estudiar las reclamaciones y estudiar mejorar los servicios.

II. Comunicación entre la Oficina de Ombudsman con las administraciones

   Pastor (2001: 278) explica que “la existencia de una información y comunicación de calidad en las organizaciones tanto a nivel interno como externo dependerá principalmente de la coordinación adecuada de los sistemas de comunicación interna y los de comunicación externa, ya que sus canales son dependientes y sus mensajes están íntimamente relacionados”. Suponiendo que las diferentes instituciones públicas forman parte de una gran administración pública jordana, la comunicación entre estas administraciones sería clave. En este contexto, observando varias páginas de las instituciones, no aparece ningún link que lleva a la oficina de Ombudsman, tampoco aparece una relación o referencia a esta entidad. Las quejas y sugerencias recibidas en un cierto departamento público no son comunicadas con la oficina y son manejadas internamente. No solamente que esto complica el proceso para el usuario quien no sabe dónde presentar su queja, pero también complica el trabajo del empleado quien no está informado sobre las quejas ni sugerencias recibidas en la oficina, que tratan los procedimientos seguidos en su departamento. Establecer un link directo entre la oficina por una parte  y las administraciones por otra convierte el servicio del empleado y su atención al cliente más cálido y más eficiente.

         En conclusión, la década pasada vio un cambio importante en las expectativas de las sociedades de sobre la información que deben recibir de las administraciones y la calidad del proceso de recibir la información y comunicar con las administraciones. Hoy en día, no se puede hablar de una institución que presta servicios de calidad si no puede comunicarse internamente con fluidez o comunicar con los usuarios. El intercambio de información, sugerencias, dudas y propuestas prometen mejorar la calidad  de servicios y hace un preference-matching con las necesidades de la población. La experiencia jordana en el tema de centralizar la entidad responsable únicamente de tratar sugerencias y reclamaciones puede tener más efecto e impacto si los instrumentos empleados por un lado y el tipo de información presentada por otra fueron desarrollados y elaborados.

Referencias

1. Talavera Pleguezuelos, C. (1999): Calidad Total en la Administración Pública, CEMCI, Granada.

2. Pastor G. (2001)"Información y Comunicación", 2001, en La Nueva Gestión Pública. Madrid: Prentice Hall.

3. Ombudsman Bureau: http://www.ombudsman.org.jo/Arabic/Pages/default.aspx

Sovereign Decision

   

  Prime Minister Abdullah Al Nsour responded to the Jordanian parliament's demands to break off relations with the Israeli state with a clarification that relations with Israel is an issue related to sovereignty, stressing that any decision to change Jordanian-Israeli relations would mean abolishing the Peace Treaty signed between the two countries in the 90s. His Excellency’s remarks raise an important question, and a series of related questions: what does he mean with a sovereign decision? Does not sovereignty mean the manifestation of the will of people through their governments? Does not the parliament represent the people? Or is it only meant to pass, amend and propose laws? Is the Peace-Treaty a holy script that cannot be reconsidered? Is it logical to abide by agreements that were penned decades ago, when circumstances and conditions are very different at the present time?

I am not proposing that the peace deal be annulled, nor do I favor regional confrontations and more blood-spilling, but political development must start taking shape. We cannot claim to be on the path towards democratic governance and public participation when our premier resorts to medieval terminology, associating sovereignty with the king and his will in a Hobbesian manner, rather than the modern sense of the word, where people’s sovereignty is translated into democratic political institutions. Were the Jordanians ever presented with a referendum to give their opinion about such a sovereign matter? A matter that touches on their history, their present, their society, their economy and well-being? Are we forever obliged to abide by the decisions of a previous parliament that endorsed the peace deal? Do we have no say whatsoever?

I am not sure if this statement would have fallen better on our ears: “guys, or the majority of you guys, it is not that we don’t want democracy or that we don't want to take your opinion into account, it is just that you are politically uncultured and underdeveloped, and you fail to see the geopolitical challenges and the strategic sensitivity of the entire issue”. Candid, honest and true, although embarrassingly hurtful, this would restore some dignity to the institutions and to the sovereignty of the people. Leading people on with flashy statements and legal terminology will not do people any help...nor would it serve the diminishing legitimacy of governments and thier decisions. If we accept that we, the ever innocent and naive public, cannot make such important decisions, what about our MPs? Are they also incapable of drawing policies and shaping decisions? Are we a nation of 6 million (minus 20 officials) politically impotent citizens?

Parliamentary Government and Jordanian MPs

Jordanian Parliament

  Jordan has been on a path towards democracy and good governance for the past two decades. The National Covenant of 1991 came after  a ban of nearly 30 years on political parties, following the events of 1957 and the confrontation between leftists and pan-Arabists with the regime. Parliamentary work was also frozen after the 1967 war and the resulting state of emergency. Democracy saw its way back in 1989 with the celebration of general elections, and two years later, the reconciliation between the regime and the opposition that took form in the National Covenant. The Covenant served as a starting point towards political plurality and reviving party life; it led to the 1992 Political Parties Law which served as a new clean slate for relations between parties and the regime. Of importance was the Jordanian vision of a gradual transformation into a full democracy where cabinets are the product of parliamentary elections, formed by the winning party - or the winning parties. Irrespective of the electoral system or party system that was to be followed, the vision was there, evidenced by the fourth clause of the Covenant that read: “any party that heads a ministry or takes part in it must ensure equality and equal opportunity amongst citizens 1”. Although the Covenant was never ratified by the parliament or passed as a law or reflected in the constitution, it was considered as a reference point and led to the gradual and incremental development of political freedom and party life, reflected in laws related to parties, their organization, their activities and their participation in elections.

The Elections Law and the Party Law will not be tackled and dissected in this article as many studies have been conducted that highlight their pros and cons. The constitutional constraints and the fact that the above-mentioned laws fall short of enabling the formation of any cabinet by parties explain the institutional make-up in the country. The article intends to shed light on the recent demands  made by a number of parliamentarians to be appointed ministers in the cabinet of Prime Minister Abdullah Nsour, under the slogan of “modern and democratic governments”.

This claim raises many important points and sheds light on the general political culture in the Kingdom. When a number of representatives demand taking part in the cabinet, what are the grounds that they base their demands on? That the Prime Minister promised them so after giving his cabinet their vote of confidence? That they form part of an important coalition in parliament? That it is a step that reflects democratization and a continuation of the process that started in 1991? Are such claims democratic?

As a Jordanian, my every history teacher since sixth grade started off her class (always a female teacher) proudly explaining the greek origins of the word democracy, which is basically translated into the rule of people. Of course this implies that decisions are made by abiding with the golden rule of "majority rule". So when our aspiring parliamentarians demand to be appointed as ministers and assume executive powers to govern and shape policies, the question will have to be: were they (as individuals and representatives of a political thought and program) chosen by the people? Yes. Where they chosen by the majority of the people? No. The question therefore is not about the legality or constitutionality of representatives taking office - as many countries allow MPs to take office - but about the criteria based on which they are chosen. Had they been part of a party that won the majority of votes on the national level, where the party members have a solid popular support and won the hearts and minds of Jordanians with their programs, agendas and political visions, then their demands would have been legitimate. Taking part in a post-election parliamentary coalition, after running as an independent, where the voter has no say or control in the MP's decision to join a certain coalition, does not in any shape or form mean that that this MP represents the majority of the population, no matter how big the coalition is. Appealing to a community of 10,000 citizens and winning a vote based on personal ties, reputability and general (and vague) pledges and then independently joining a parliamentary coalition does not mean that this MP nor his/her coalition represent the collective will of voters. Therefore, this MP has no right in demanding a cabinet portfolio and should consider following previous steps and actions that lead the way to the formation of parliamentary governments.

The claim itself is not being attacked in this article; it is the logic behind it and its voidness of democratic values that is. In the democratic western world, electoral systems are diverse and lead to different models of forming both parliaments and governments. No model should be championed as each culture has its own realities and conditions that should be reflected in its political system, but all of these western democracies have one important factor in common: people always choose their parliaments and their governments based on consent reflected in the majority concept. Whether it were a coalition government formed of four major parties, or a coalition government with a dominant party and other smaller parties,  or a purely majority government formed of one party, these governments are always shaped by parties that have won the majority of votes and trust by the people. Governments are based on the choice of voters who trust the candidates and/or the parties they voted for to form democratic parliaments and governments that represent the will of the people. That is exactly what we need in Jordan: parliamentarians that represent the will of the people, and who appeal to voters based on their agendas and programs and join forces based on that objective. Had elections seen the success of major parties that won votes from different constituencies across the country, and managed to join forces and form coalitions with other major parties, then such claims should - and would have - been taken into account.

To conclude, when King abdullah addressed the parliament two days ago and discussed the demand of a number of parliamentarians to be  appointed ministers, he wisely opposed the step and called for strengthening the present coalitions at the parliament and the internal system as preliminary steps towards the goal of forming a parliamentary government. Considering that our parties are still very weak and that their popular base is fragmented, and that loyalty to tribes and family links still steer the majority of voters in their selection of a candidate, our parliament still lacks a national majority identity. Our representatives (many not all) won with the support of their regional loyalists according to personal criteria, and not according to an ideological/ political base which can be shared by citizens across the country. Therefore, speaking of a coalition that represents Jordanian citizens in parliament is not accurate. The current system is not ideal nor democratic, as ministers are appointed based on the recommendation of the prime minister following a criteria of professional and intellectual capacity. Nonetheless, and unfortunately, foregoing democracy at the moment and maintaining the status quo is by far a better option than responding to these demands and foregoing both democracy and efficiency.

1 http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=80

Público o Privado?

In los años 70, la administración pública dominaba la provisión de los servicios públicos, donde el término “servicios públicos” y el “sector publico” fueron sinónimos (Grout, 2008). Desde entonces, el mundo ha visto un movimiento hacia el sector privado para la provisión de los servicios públicos, algo que puede perjudicar el concepto de estado de bienestar.  Antes de hacer una comparación entre la provisión de los servicios por el sector privado y la administración publica tradicional, se debe antes fijar en el concepto de estado de bienestar. Este estado interviene, tanto en el nivel central como en el nivel autonómico y local, para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población, a través de los servicios públicos, las transferencias sociales, intervenciones normativas e intervenciones públicas (Navarro, 2004).

Entonces, se puede entender que este estado asume la responsabilidad de mejorar la calidad de vida, el desarrollo y el bienestar de la población. Comparando el mundo desarrollado occidental que ha logrado ofrecer un alto nivel de vida para los ciudadanos, notamos que EE.UU y la UE abarcan el bienestar social en diferentes modalidades, donde el primero depende más al sector privado para la provisión de los servicios públicos que el último. La ideologías, la cultura política y la evolución socio-económica de ambos campos puede explicar tal divergencia de perspectivas, pero este articulo no pretende explorar el porqué de tales diferencias. Lo que sí intenta es comparar las ventajas y desventajas de proveer los servicios públicos por la administración pública tradicional y el sector privado, teniendo en cuenta el poder económico y los recursos disponibles en el país.

Se debe mencionar que la referencia a la provisión de servicios por el sector privado incluye 1) la provisión completa por el sector privado, los 2) PPP (consorcio entre el sector público y privado – acrónimos en inglés de public-private partnership) y 3) las organizaciones sin lucro. En el primer caso, el sector privado es totalmente responsable por la provisión del servicio, con control limitado del estado, y donde la empresa recibe sus rentas del público y los consumidores del sector privado. En el caso del PPP,  el gobierno tiene una relación más directa con el sector privado, donde hay un acuerdo de largo y medio plazo entre el estado y el sector privado para que el último provee un cierto servicio para la población, con una acuerdo claro sobre los objetivos (aquí la relación entre el gobierno y el sector privado es más equilibrada). En respeto a las organizaciones sin lucro, estas son normalmente percibidas como socios con el diseño y provisión del gobierno de los servicios públicos a través una planificación común (Feiock, y Reubin, 2006). En este artículo, se refiere a las dos primeras modalidades, no a la tercera.

¿Ventajas o desventajas?

       En general, el sector privado tiene sus “cualidades” que les hace muy llamativo y le transforme a un buen refugio en tiempos de crisis, apoyado por la buena experiencia de países con EE.UU con la externalización de los servicios. Las siguientes son las ventajas principales:

• La empresa privada tiene incentivos de lucro; esto contribuye a fomentar la eficiencia,    cortar costes y el diseño de servicios que reflejan la demanda popular.
• Innovación: para generar lucros por un lado, y para asegurar el crecimiento y extensión, las empresas privadas invierten recursos para el desarrollo e innovación, algo que se refleja en la calidad final del servicio.
• El factor de competición. La competición entre las empresas no solamente resulta en una carrera para los mejores servicios, pero también contribuyen a bajar los precios, cuando no estamos hablando de un monopolio. Esto no solamente afecta los servicios, pero también los recursos humanos, quien - bajo este sistema – compiten más entre ellos, trabajan más (cualitativamente y cuantitativamente)  y son económicamente más activos.
• El sector privado tiene menos burocracia en general y evita el excedente de empleados.
• Es más propenso a la provisión de servicios y ejecución de proyectos en tiempo y con respeto a los presupuestos
• Ayuda a fortalecer la economía y la creación de empleo con la contratación de empresas  para proveer servicios.
• Mejora y fortalece las habilidades de los recursos humanos, como invierte más en su formación para generar más beneficios.

        Sin embargo, las desventajas más claras es la posibilidad de explotación de los ciudadanos; conversión ciertos servicios a unos del que las clases bajas son excluidos; más corrupción; menos estabilidad y consistencia; y monopolio.

          La administración pública, en su papel tradicional en proveer servicios, tiene un buen argumento para el estado de bienestar, gracias a sus varias ventajas, que incluyen:

• Igualdad/justicia social: la provisión de los servicios por la administración pública asegura que todos los ciudadanos recibirán el mismo servicio, sin excepción, exclusiones o preferencias.
• Costes más bajos de los servicios que el precio del sector público.
• Relación entre los servicios y las preferencias de los ciudadanos a través de las políticas puestas por los partidos en los gobiernos. Esto quiere decir que los ciudadanos eligen sus gobiernos por los programas propuestos, lo que incluye cambios o/y introducción de servicios.
• Más control y vigilancia de los gastos públicos.
• Estabilidad en tiempos de crisis, que asegura que aún los ciudadanos enfrenten desafíos económicos, pueden asegurar mantener un nivel estable de vida, gracias los servicios básicos ofrecidos (educación, sanidad, seguridad social etc.).
• Más legitimidad para el gobierno y el estado en general, como protector de los intereses de los ciudadanos y su bienestar.

    Las desventajas principales son la burocracia inefectiva; menos eficiencia; menos innovación y responsabilidad por parte del funcionario; intervención excesiva de la política que borde corrupción; y menos competición.

      Sin embargo, y en este contexto, se debe subrayar dos aspectos importantes en la provisión de servicios por la administración pública:

1. Las desventajas mencionadas dependen en muchos casos al poder económico y el nivel de desarrollo del país/región/comunidad local. Con más recursos financieros, y con más funcionarios preparados (que son co-relacionados) el nivel de los servicios sube, y las desventajas disminuyen.
2. En la misma vena, con menos recursos financieros y con menos funcionarios preparados (también co-relacionados) las desventajas se acentúan y el nivel se servicios baja.

Caso de España

           Volviendo al estado de bienestar, Navarro (2004) explica que hay varios indicadores que se utilizan para medir el grado de desarrollo de los distintos componentes de un estado del bienestar. De ellos serán  el nivel de desarrollo de los servicios medido por el porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios y la cantidad de fondos públicos que financian los servicios para mejorar el bienestar de la población, cantidad medida como porcentaje del PIB.

           En 2012, el gasto público general presentó 47% del PIB en España, en comparación con una media de 49,4% de UE 27 y 49,9% de UE 17. La cifra española incrementó  sostenidamente entre 2001 y 2012 (38.7, 38.9, 38.4, 38.9, 38.4, 38.4, 39.2, 41.5, 46.3, 46.3, 45.2, 47.0), según Eurostat, lo que indica que el estado de bienestar está fortaleciéndose con los años. Sin embargo, el hecho de que el gasto público subió puede estar más relacionado con  la crisis económica y los gastos de seguridad social y ayudas por desempleo, justificando este incremento.

            En respeto al porcentaje de la población adulta que trabaja en tales servicios de la población activa, la cifra es 8,6%, un porcentaje más bajo si se compara con los otros países europeos (Iglesias, 2004: 29). Por otro lado, se debe notar un aspecto importante en la distribución de los empleados públicos en los diferentes niveles del estado, y la posible correlación con la calidad de los servicios ofrecidos. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (estudio de 2012), 8,8% del personal publico trabaja en la administración general del estado y 21,7% en  la administración pública estatal (que incluye la administración general, fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, justicia, entidades públicas empresariales).  En contraste, 50,3% del personal trabaja en las administraciones de las CC.AA, 22,2% en la administración local y 5,8% en las universidades. En total, había en 2012 un total de 2.685.837 empleados al servicio de las administraciones públicas. Por una población total de 47 millones (index mundi) hay entonces un empleado público para cada 17,4 habitantes, que, según Iglesias (2010) es menos de la cifra de otros países desarrollados. En respeto de los niveles de los empleados, se puede observar que la mayoría que trabajan en el servicio de ministerios y OO.AA son de los niveles 15, 17, 18, excediendo el número de funcionarios de niveles altos (visite la tabla ‎I).

Como estamos en un debate de preferencias de servicio público ofrecido por el sector público o por el privado, se debe tomar estas cifras en consideración. Cuando hay menos empleados públicos por persona que la cifra media de los países europeos desarrollados, esto presenta un desafío para un estado de bienestar. Menos empleados para más habitantes debe ser traducido a menos eficacia. La cifra es especialmente interesante cuando se compara los empleados en el sector publico al nivel estatal (administración general de estado) con los empleados en las comunidades autónomas, donde el primera presenta un mero 21,7% del personal y el ultimo 50,3%. A la consideración que España es un país descentralizado, donde las CC.AA asumen la responsabilidad de ofrecer los servicios para sus comunidades, y el estado central asume la responsabilidad de gestión y planificación, la variación muy amplia entre ambos indica que al el ultimo le falte empleados, al menos si las CC.AA son la referencia. Los servicios públicos no son solamente sanidad y educación y otros servicios tradicionales, pero extienden a planificación económica, estrategias de desarrollo, fortalecimiento de presencia internacional, fomento de presencia socio-económica española en la esfera europea etc., todos de que necesitan empleados adecuados por el puesto, preparados, cualificados y suficientes para asumir tal responsabilidad.

Volviendo a nuestras cifras,  aún 21,7% del personal publico trabajen  la administración pública estatal (que incluye fuerzas de seguridad del estado, fuerzas armadas, justicia, entidades públicas empresariales), solamente 8,8% trabajan en la administración general. Esperar alto nivel de servicios, comparados con estos europeos occidentales, puede ser una trama de las capacidades disponibles en el momento, y outsourcing resultará necesaria. En la misma vena, comparando los niveles de los empleados públicos, la mayoría son de los niveles bajos de 15, 17, 18 (visite la tabla ‎I). En este contexto, la calidad esperada de los servicios del estado de bienestar depende mucho al tipo de empleado que participa en ofrecer tal servicio, su capacidad de planificar y su productividad. En el mismo estudio del Boletín Estadístico, el personal que pertenece a los ministerios y OO.AA y las áreas vinculadas, absolutamente todos los funcionarios que tienen la edad entre 60-64 -  la edad con más experiencia y conocimiento - son menos de los otros grupos de edad entre 30 y 59. Otra vez, se supone que hay una correlación importante entre la capacidad de los empleados y la calidad de los servicios ofrecidos. 

Por otro lado, la remuneración de los empleados juega un papel importante en su desempeño de las responsabilidades. La remuneración del empleado público es la resulta de la suma de los componentes de: sueldo, antigüedad, pagos extraordinarios, suplementos según el nivel, suplementos específicos y gratificaciones (OECD, 2007). Los componentes dependen al diploma académico (y el nivel del grupo)  y la antigüedad del funcionario,  no al desempeño del trabajo; cuando se sube el nivel de puesto, la posición del trabajo gana más importancia en la remuneración. Esto quiere decir, que la gran mayoría de los empleados que hemos visto pertenecen a los niveles más bajos, y por esto, la remuneración no depende a su competencia y desempeño, lo que afecta su productividad, competencia y competición, resultando en menos drive para mejorar la calidad del trabajo y servicio.

Tomando estos aspectos en consideración, los servicios públicos serán idealmente ofrecidos por la administración publica tradicional. El estado de bienestar que intenta lograr el bienestar para todos los ciudadanos en las esferas económicas, sociales y culturales, debe ofrecer servicios de calidad, no solamente servicios de mediocridad. Varios son los proyectos dirigidos a mejorar el nivel y calidad de los servicios e insertar funcionarios cualificados, responsables y éticos en las administraciones, pero el proceso puede  resultar lento y largo especialmente cuando el país:

• tiene un crisis económica y un PIB disminuido o/y
• tiene menos empleados capacitados y especializados o/y
• la administración general le falta planificadores y diseñadores de políticas de alto    nivel o/y
• cuando, por motivos financieros, se conforme con funcionarios con menos capacidad y calidad y/o
• hay superposición entre las tareas y responsabilidades de las agencias a los niveles locales, regionales y estatales (por política pura).

       En estas circunstancias, los servicios ofrecidos no van a ser del nivel y calidad de los países desarrollados. El hecho de que hay menos empleados por persona, que el ratio de los funcionarios por la población activa total y el porcentaje del gasto público del estado indican que España es debajo el medio de los países de bienestar,  la calidad del servicio debe ser comprometido en consecuencia. Por otro lado, la concentración de los funcionarios en los niveles más bajos en la administración general del estado impacta negativamente el perfil del  equipo dirigente de la administración del país.   A base de esta observación, se puede concluir que será más eficiente si los servicios claves para el desarrollo socio-económico sean ofrecidos por agentes privados o por consorcios entre el sector público y privado. Sí un país no está preparado para ofrecer servicios de alta calidad y que satisfacen las necesidades de la población, será mejor buscar alternativas paralelas al fortalecimiento de las administraciones públicas. Esto es especialmente importante para países en vía de desarrollo, donde hay un círculo vicioso de calidad de servicio, empleado capacitado y administración fuerte. Por ejemplo, cuando el sistema educativo sufre desafíos por poca financiación y funcionarios no capacitados, los futuros empleados en las administraciones serán menos preparados para asumir las responsabilidades hacia el público, ofreciendo servicios de poca calidad y dirigiendo una administración sin capacidad de planificar un desarrollo socio-económico. Los quien son capacidades optan por trabajar en el sector privado o fuera de sus países, dejando el círculo vicioso repitiendo su mismo. En este caso, el sector privado es una salvación, aún una cara y más arriesgada, para el bien del país.

      John Kenneth Galbraith dijo que “sí es peligroso asumir que el gobierno siempre acierta, sería raro para la administración publica si fuera percibida por la gente como siempre equivoca”. Por esto, es importante respetar y aceptar las limitaciones de las administraciones en su provisión de los servicios, y comprender el porque de su in-eficiencia  y realizar que en el mundo no utópico se debe buscar alternativas menos idealistas para el bien del país y sus ciudadanos.

I. Tabla: Funcionarios de Carrera por Nivel de Complemento de Destino y Ministerio Todos los Grupos, en el Servicio de Ministerios, OO.AA con exclusión de la docencia no universitaria (Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones públicas).

Nivel	Nº empleados	Nivel	Nº empleados
12	13	16	8365
13	344	14	8670
25	942	20	8820
19	1184	24	11095
27	1295	26	13819
23	1308	22	14587
21	1459	18	21631
29	1951	17	22155
30	2192	15	23539
28	6591

Referencias

1. Boletín Estadístico del Personal del Servicio de las Administraciones Publicas, acceso por intenet: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/Bol_estad_pers-ener12-INTERNET.pdf

2. Eurostat, acceso por internet: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00023&plugin=1

3.  Feiock, R. C. y Reubin O’D (2006) Introduction: Understanding the Relationships  Between Nonprofit Organizations and  Local Governments, Intl Journal of Public Administration, 29: 759–767, 2006, acceso por internet: http://localgov.fsu.edu/publication_files/Feiock&Andrew_Nonprofits%20and%20Local%20Government.pdf

4.Grout, P. (2008) Private Delivery of Public Services, the Center for Market and Public Organization, acceso por internet: http://www.bristol.ac.uk/cmpo/publications/publicservices/ppfinal.pdf

5.  Iglesias, J. (2010) Elementos para una Reflexión sobre la Administración General del Estado, Revista Documentación Administrativa, enero-agosto, pp. 25-58.

6.  Index Mundi, acceso por internet: http://www.indexmundi.com/es/espana/poblacion_perfil.html

7. Navarro, V. (2004), El Estado Del Bienestar En España, acceso por internet en 2013: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6750/02cap1.pdf

8.  OECD (2007), Civil Service Salary System in Spain and Recent Reform Trends, Conference on Civil Service Salary Systems in Europe http://www.oecd.org/countries/romania/38654579.pdf

1. 
   

Trade-Off?

      Well, we all heard about the random act of terrorism in Boston that left many innocent people injured and others dead. The perpetrators were identified as Muslim brothers who immigrated to the US from Dagestan. According to a Startfor analysis, terrorists such as the Dagestani brothers although not affiliated with organizations such as Al Qaeda and its main branches, they are "inspired" by its agenda, and independently - as grassroot movements - form  small cells that implement terrorist acts. Whether the attackers acted as per the indications of Al Qaeda leaderships - which are now opting for smaller attacks that create chaos and shake national stability and security- or they were acting independently to express frustration with US policies towards the Muslim world and the Palestinian plight is irrelevant to this article. What is relevant is the fact that the attackers are from the Caucasus...the troubled and troubling region in Russia's periphery.

    Putin made a statement on Thursday declaring the need for the US and Russia to work together to fight terrorism. These terrorists can be anywhere, and can threaten anyone. As we all saw, these Dagestani men were able to carry out an attack on US soil. Now the US and Russia want to work together to rid the world of such movements. Such a decision might have important implications on the current wave of political change in the Arab world, via concessions from both the US and Russia on the Syrian and Caucasus files.

    The US has long followed a policy of containing Russia, impairing its efforts from expanding and reestablishing itself as a Soviet power. Ensuring that former Soviet satellite states are well accommodated into the EU or are aligned with the US, and supporting western aligned states such as Georgia in confrontations with Russia, in addition to strengthening NATO presence are but some means to contain the Russian empire from reemerging. Conveniently enough for the US, chaos in the Caucasus ensure that Russia has its share of trouble in the immediate periphery, which is an important hurdle to any expansionist move to the west. 

      Now that Russia, as a permanent member in UNSC, vetoed any action against the Syrian regime, and the US is cornered as Al-Qaeda affiliated fighters are moving closer and closer to the Golan Heights (which means grave security threats to the Israeli depth), a stubborn Russia must be dealt with. Could it be that the US and Russia are reaching a trade-off? Can it be that Russia with will withdraw its veto in return for US "support" in clamping down on the Islamist separatist movements in the Caucasus? Will the US be ready to allow Russia to maneuver westward in return for abandoning Syria?

   Personally, I think that the attack (unfortunately) came at excellent timing. Americans will feel that they are targeted by not only Islamists emerging from Afghanistan and Pakistan,  but also from the region that has been long troubling Russia. Any cooperation with Russia in this area will be supported and justified. Should this reading be accurate, then the entire map in the region will soon change, and the international balance of power will start changing, tilting more perhaps to the heartland and its Russian sponsor.